El 20 de diciembre el Partido Popular ganó las elecciones de Extremadura con un 46% del voto emitido, pero debido a la extraordinaria abstención electoral -superior al 37%- sólo ganó un escaño en comparación con las elecciones de 2023 con un total de 29 sobre una mayoría absoluta de 33. Por lo tanto para poder formar gobierno en la región autónoma deberá alcanzar un acuerdo con Vox. Este último logró 11 escaños y se convirtió en la tercera fuerza más votada en la región. Por su parte el PSOE ha sido una víctima de la abstención, los votantes socialistas que no acudieron a la cita son multitud y algunos de ellos directamente trasvasaron su voto al PP. Los cálculos de los sondeos de opinión creen que hasta un 11% del voto socialista fue al PP.
Los dirigentes nacionales del Partido Popular y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por motivos difíciles de entender, decidieron adelantar las elecciones regionales que deberían haber sido realizadas en 2026. El argumento público para ello fue que esperaban una mayoría absoluta para poder dejar de pagar tributo en cada decisión a Vox con cuyos votos necesitaban contar para cualquier votación local. En julio de 2024 el partido de extrema derecha que tenía una coalición de gobierno con el PP en Extremadura y otras comunidades gobernadas por la formación conservadora presidida por Alberto Núñez Feijoo, anunciaron la ruptura de los acuerdos de gobierno y pasaron a la oposición sometiendo cada votación en la Junta a deliberaciones previas y reduciendo la capacidad de gobierno de Guardiola. El resultado de la jugada de Nuñez Feijoo y Guardiola fracasó, y además alimentó el voto de Vox.
Vox crece a expensas del PP
El partido de Santiago Abascal pasó del 8% del voto al 17% del voto, capturando electores del PP y arrastrando a la juventud en los pueblos. Por el contrario el PSOE sufrió una caída sin precedentes y tuvo su peor elección de la historia en Extremadura, una región en la que obtuvo mayorías absolutas en cuatro ocasiones en el pasado. Un desmoronamiento que anuncia el fin de ciclo del PSOE a nivel nacional, perseguido por el fantasma de la corrupción, encarnada nada menos que en la figura de dos ex secretarios generales del partido bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Es decir, figuras de su círculo íntimo. Por añadidura, el Gobierno de Sánchez se empeña en hacer campaña sobre la base de sus “excelentes” resultados macroeconómicos. Éstos no han hecho más que engordar la cuenta de resultados de las grandes empresas españolas, las campeonas del IBEX 35.
Mientras tanto la participación de las rentas del trabajo en la composición del producto interior bruto no hace más que caer. La economía va bien, para los ricos. Su renta no deja de crecer. Mientras tanto la vivienda se ha convertido en un problema crucial para la juventud impedida de emanciparse, de trasladarse para estudiar porque no pueden pagar los alquileres, porque la vivienda se ha convertido en un bien inasequible para jóvenes y viejos sin altos ingresos. El problema habitacional es de primer orden. La vivienda nueva es acaparada de forma creciente por grandes propietarios y fondos de inversión que la rentabilizan de forma espectacular mediante los alquileres turísticos a escala nacional.
Con los salarios roídos por la inflación -una carestía encubierta en las cifras macro- trabajos precarios, los salarios más bajos de Europa junto con Portugal, una parte de la juventud desengañada por el papel de la izquierda se vuelca hacia la derecha en el aspecto electoral. Otra parte que no va a votar protagoniza sin embargo importantes movilizaciones contra el genocidio en Gaza, en defensa de la sanidad pública, por la vivienda, contra la presencia de fascistas en las universidades, y en distintos conflictos laborales.
La sanidad pública en franco deterioro esconde un verdadero atentado contra las condiciones sanitarias de los trabajadores. En Andalucía la externalización del sistema de alertas de pruebas de imagen como las mamografías ha estallado cuando más de 2.000 mujeres que requerían seguimiento por imágenes dudosas para determinar si tenían cáncer de mama resultaron afectadas por falta de información, en muchos casos con la consecuencia de enfermedad avanzada. En la Comunidad de Madrid la colaboración público privada en la sanidad ha generado verdaderas aberraciones como listas de espera de enfermos locales para dar paso a enfermos de otros distritos por los que la Comunidad paga un sobreprecio. En Extremadura la situación presenta los mismos problemas que se han ido acrecentando tanto en los gobierno del PSOE como del PP-Vox.
El Gobierno de Pedro Sánchez lanza críticas a las administraciones locales como las de Madrid y Andalucía por este estado de cosas. Pero la realidad es que el régimen sanitario público/privado se ampara en la ley 15/97 de Sanidad que ningún gobierno socialista ha querido derogar. El PSOE gobernó 32 años en Andalucía donde desarrolló este sistema. Los aliados en la coalición de gobierno como Podemos en su momento y Sumar ahora tampoco han hecho nada al respecto. Ahora, para tomar distancia del escándalo andaluz y sacar partido de él Sumar dice que va a derogar la ley, pero mantendrá la colaboración público privada con “controles” para que no haya abusos. Es decir se fiarán del capital infiltrado en el negocio de la salud, de multinacionales como Fresenius propietaria de Quirón Salud el máximo subcontratista sanitario de España, para que renuncie a sus beneficios espectaculares y se porte bien. Una pandilla de improvisados que se auto titula de izquierdista va a transformar a los lobos capitalistas del negocio de la salud en tiernos corderos.
El colapso del PSOE y sus agentes de izquierda
El PSOE, su Gobierno central, ha entrado en barrena. Va camino de una feroz derrota en las elecciones de 2026, si es que llega a ellas. La presión para una convocatoria anticipada no cede. Y la persecución judicial pisa los talones del círculo íntimo del presidente. Las acusaciones de lawfare no son suficientes para disipar el espectro de la corrupción que adquiere una magnitud insospechada. Está claro que la judicatura tiene una agenda política, y ¿dónde no dentro del mundo capitalista? Y esa agenda es poner en el gobierno a la derecha.
El PSOE presenta una grave crisis interna producto de estos escándalos que también ha fisurado sus alianzas con los partidos nacionalista que le permitían lograr mayoría en su propuestas parlamentarias. El gobierno entra al 2026 con los presupuestos de 2023 lo que lo condiciona severamente. La izquierda del sistema no ha hecho más que colaborar con ese objetivo, apartando de su camino además a la juventud y a los trabajadores. Ni que hablar de los presos políticos, que como el rapero Pablo Hasel cumplen prisión por criticar al régimen y a su monarquía corrupta, la ley mordaza, las de Suiza, y una larga colección de atropellos.
Un capítulo aparte merece el papel cumplido por la izquierda, desde Izquierda Unida, Podemos, Unidas Podemos y Sumar, que venían a torcer el rumbo del PSOE en favor de los reclamos democráticos y en defensa de los derechos adquiridos y frenar a la derecha, que no paró de crecer durante el gobierno del PSOE. Se revelaron como impostores que jugaron como cortafuegos frenando y dividiendo las luchas contra la política del gobierno, actividad acompañada por las direcciones de los dos principales sindicatos CCOO y UGT. Tanto el PSOE como estos partidos de la izquierda institucional enfrentan crisis internas cuando ya no pueden enmascarar su política contraria a las luchas y derechos de los trabajadores.
La tarea central del activismo en el movimiento obrero, entre la juventud, es la construcción de una alternativa independiente de la burguesía y el capital. La construcción de un partido de la clase obrera por el socialismo y el gobierno obrero.
